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jueves, 24 de mayo de 2012

Luisa Ortega Díaz anuncia que Caracas contará con nueva fiscalía antiextorsión y secuestro


AVN/MP).- El próximo jueves será inaugurada una fiscalía antiextorsión y secuestro en Caracas, con el objeto de profundizar las acciones para combatir estos delitos,informó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en su programa radial En sintonía con el Ministerio Público.
Ortega Díaz dijo este jueves que la nueva fiscalía tendrá competencia en todo el país, además añadió que también abrirán otra sede del Ministerio Público, pero en materia de drogas, que tendrá jurisdicción en el Área Metropolitana de Caracas.
Anunció que, en virtud del cumplimiento del artículo 23 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, el cual prevé el aseguramiento de bienes retenidos a quienes cometan estos delitos, tienen previsto “profundizar en la investigación, desmantelar las bandas y castigar a los responsables, por ello se van a asegurar los bienes y bloquear las cuentas (bancarias), y esos bienes pasarán a manos del Estado”.

Nueva coordinación para la protección de víctimas y testigos

En otro orden de ideas, la Fiscal General informó que el Ministerio Público creará la Coordinación para la Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, dependencia que inicialmente estará ubicada en el AMC y será inaugurada el próximo 5 de junio.
Señaló que desde el año 2006 entró en vigencia la Ley de Protección de Víctimas Testigos y demás Sujetos Procesales, la cual busca el resguardo de las personas que participan en un proceso penal.
Detalló que existen medidas de protección, las cuales son mecanismos que implementa el Estado a través de las instituciones para garantizar la integridad física, la salud y el bienestar de estas personas en condiciones de vulnerabilidad, pero en casos específicos de las víctimas o testigos de hechos delictivos, que corren peligro por causas de un actual, futuro o eventual proceso penal, esta ley regula su resguardo.
Refirió que existen varios tipos de peligro, debido a que hay víctimas especialmente vulnerables, como por ejemplo, comunidades indígenas, personas afectadas por delitos, testigos protegidos, entre otros, y dependiendo del caso se le da un tratamiento distinto