Los consejeros de Caja Mediterráneo (CAM) eran conscientes en noviembre de 2010 de que la «fusión fría» que estaban negociando con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria constituía su última tabla de salvación: si el proyecto fracasaba, la caja de ahorros alicantina sería intervenida por el Banco de España. Un pronóstico que, efectivamente, se cumplió ocho meses después, el pasado 22 de julio.
El consejo de administración de CAM se reunió el 26 de noviembre de 2010 para estudiar las consecuencias legales del contrato de integración en el Sistema Integral de Protección (SIP) que el presidente de la entidad, Modesto Crespo, se disponía a firmar con los máximos responsables de las otras tres cajas implicadas. Durante la sesión, los consejeros analizaron un «informe confidencial» —al que ha tenido accesoABC— elaborado por el letrado del consejo, Juan Martínez-Abarca, sobre las consecuencias que la fusión tendría para la caja.
En su dictamen el letrado constataba que, tal como había sido redactado, el contrato de integración en el SIP constituía una «auténtica cesión de soberanía», mediante la cual CAM entregaba al Banco Base todo su negocio financiero y casi todas sus atribuciones, salvo la gestión de la Obra Social.
Pese a mostrar su desacuerdo con algunas cláusulas del contrato, el letrado constató que ya no había marcha atrás: a Modesto Crespo no le quedaba otra alternativa que aceptar las condiciones impuestas por el Banco de España, pues en caso de romper la fusión Caja Mediterráneo se exponía a severas sanciones, dado que el acuerdo ya había sido ratificado por dos de las partes afectadas: Cajastur y Caja Extremadura.
El informe indica en el mismo sentido que «una negativa nuestra a firmar a estas alturas, podría ser considerada como un incumplimiento grave de la cláusula 23.1 del Contrato de Integración, que daría lugar a las penalizaciones y medidas de intervención» previstas.
ABC /EFE
