Unos 30.000 alumnos de las universidades públicas españolas son expulsados cada año de sus carreras por bajo rendimiento, según las estimaciones de expertos. Los campus fijan de forma autónoma unas líneas rojas que afectan sobre todo a los primeros cursos de la titulación para que el estudiante no se eternice en una carrera mal elegida. En las universidades públicas hay más de un millón de matriculados.
Esta regulación, pensada para garantizar el buen uso de los fondos públicos, suele pasar desapercibida para los estudiantes. Lo ha puesto de manifiesto la protesta de las últimas semanas de un grupo de alumnos de la Universidad de Oviedo contra una norma que ven arbitraria y poco publicitada.
“Se permitieron matrículas mal hechas y se cobró por ellas, llegaremos a los tribunales si es necesario”, explica Alejandro González, representante de los alumnos asturianos.
Los criterios para decidir si un universitario está perdiendo el tiempo en su facultad están recogidos en las llamadas normativas de permanencia. La mayoría de las universidades públicas las revisaron a partir de 2008 con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, el llamado plan Bolonia. Las normas incluyen básicamente un número mínimo de créditos a aprobar y un plazo máximo de tiempo para hacerlo. Normalmente, permiten al expulsado de un título una segunda matrícula en otra carrera de la misma universidad tras la expulsión. No suelen contemplar terceras oportunidades.
La agencia de evaluación ANECA y los consejos sociales de los campus recomendaron hace ya dos años una revisión de los modelos en el informe Universidades y Normativas de Permanencia Reflexiones para el futuro. Ese estudio no se ha hecho ni se ha elaborado un recuento oficial de los afectados. El experto en financiación universitaria Juan Hernández Armenteros, que participó en el citado informe, estima que son unos 30.000 alumnos de grado, el 3% del total. Ha hecho este cálculo a partir de un estudio sobre rendimiento realizado en la Universidad de Jaén por Enrique Bernal y Juan Lillo. Otros expertos consultados coinciden en la estimación.
En la Universidad de Oviedo, la movilización ha partido de la facultad de Trabajo Social. El grueso de afectados son alumnos de “Derecho, Económicas e Ingenierías, por la sencilla razón de que es donde tenemos más alumnos”, explica el vicerrector de Estudiantes, Luis Rodríguez Muñiz. La cifra de afectados aún no está cerrada. Las estimaciones oscilan entre el millar que calcula el Rectorado y unos 500, según los representantes del alumnado, de un total de 21.791.“En general, las normas de las universidades públicas españolas son muy laxas”, advierte Hernández Armenteros, que asegura que en las universidades con normativas más duras hay menos expulsiones si los estudiantes están bien informados. Las expulsiones, además, afectan más a los alumnos menos vocacionales. “Es difícil que se produzcan bajas por la normativa en las carreras en las que el estudiante tiene una preferencia clara y una nota de corte alto”, añade Manuel López, presidente de la Conferencia de Rectores de España (CRUE).
La normativa de permanencia de Oviedo establece que un alumno debe tener al menos 90 créditos en su tercer año universitario, de los que 48 tendrán que ser de asignaturas del primer curso. Los alumnos se han opuesto a esta norma, aprobada en su campus de 2010, pero cuyos efectos se ven ahora cuando han pasado los tres primeros años.
La coordinadora estatal de estudiantes universitarios CREUP pide que se revisen estas normas para permitir flexibilidad en los estudios, como lo que pretende el alumno Carlos Lorenzo agrupando todas las asignaturas de Derecho de una vez, y que se tenga en cuenta el panorama actual. “Situaciones que antes eran excepcionales, como que un estudiante trabajara, se han convertido en algo normal por la crisis y eso debe quedar bien recogido”, defiende su presidente, Luis Cereijo.Carlos Lorenzo, de 21 años, acaba de terminar el tercer curso de Trabajo Social. Lleva más de 90 créditos pero no cumple con el requisito de que más de la mitad sean del primer año. Explica que aparcó varias asignaturas relacionadas con Derecho, su particular bestia negra, para estudiarlas todas juntas al final del curso. “Cuando fui a hacer la matrícula, no me avisaron de que corría el riesgo de ser expulsado si no las cogía”, se queja. Su universidad se compromete a mejorar los mecanismos de información y a pedir al consejo social que revise el criterio de los 48 créditos. “En el resto de casos, hay que aplicar la norma”, añade el vicerrector.
Los consejos sociales universitarios admiten que la revisión “es una asignatura pendiente”, según Julio Revilla, vicepresidente de la conferencia que los aglutina. “No hace falta que todas las normas sean iguales, pero deberíamos asegurar una coherencia en los modelos y una vinculación con el sistema de becas y de precios públicos”. El presidente de los rectores, Manuel López, ahonda: “Más allá de los expulsados por la normativa, el drama es para los que se quedan fuera por razones económicas o dificultades para conseguir una beca”. Los rectores han reclamado insistentemente en los últimos años al Ministerio de Educación que revise el sistema de ayudas para que nadie quede fuera por falta de dinero. EL PAIS
