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sábado, 22 de enero de 2011

Correa preocupado por análisis legal de referendo en Ecuador

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se dijo el sábado preocupado porque una jueza, según él vinculada a la oposición, quedó a cargo del estudio de legalidad del referendo que propuso para reformar la justicia.
El análisis "cayó en manos de la vocal de la Corte Constitucional Nina Pacari, que todo el mundo sabe que pertenece a Pachakutik, y ahí sí nadie dice que hay injerencia política", señaló Correa en su informe semanal de labores.
Pacari fue canciller del depuesto mandatario Lucio Gutiérrez (2003 y 2005) y ha militado en el partido indígena Pachakutik, al que Correa acusó de intentar obstruir su proyecto socialista.
"Ya sabemos cómo se ha comportado Pachakutik en total alianza con la derecha, tratando de boicotear la revolución ciudadana, sin obedecer a sus bases que están" con este proyecto, indicó el mandatario.
"Cuidado nos quieren quitar nuestro derecho soberano a expresarnos en las urnas, cuidado nos quieren manipular las preguntas, bloquearlas, amarrarlas, descalificarlas, para que no cambie nada en este país y los mismos de siempre sigan lucrando del sistema, me preocupa eso", agregó.
Correa aseguró que las interrogantes planteadas "han sido perfectamente estudiadas y son totalmente constitucionales", por lo que la corte debería dar paso a la consulta.
Pacari fue designada en un sorteo realizado el pasado jueves entre los magistrados del tribunal constitucional, a cuyo pleno deberá entregar un informe para ser votado.
El presidente remitió el lunes último a la corte las preguntas del referendo que propone cinco enmiendas constitucionales para reformar la justicia, combatir la criminalidad y limitar las inversiones de la banca y la prensa.
En paralelo, Correa propuso una consulta popular que incluye temas como una ley de comunicación para regular los "excesos" de la prensa, la prohibición de las corridas de toros y los juegos de azar, y la tipificación como delito del "enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación de los trabajadores a la seguridad social.

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