Las circunstancias llevaron a la subcontralora Adelina González, a asumir el más alto cargo en la Contraloría General de la República y en una entrevista concedida al Correo del Orinoco, la periodista Vanessa Davies tuvo la oportunidad de ahondar en temas como el de la inhabilitación de Leopoldo López, el pasado y presente de la Contraloría y su futuro dentro de la institución.
“La inhabilitación del exalcalde Leopoldo López jamás ha sido usada como una retaliación política, y no puede serlo porque deriva de un trabajo técnico, de un proceso de auditoría”, aseguró la contralora encargada sobre el caso del que fuera alcalde de Chacao que se encuetra inhabilitado hasta el 2014.
Lea, a continucación, la entrevista completa:
-¿Nunca hubo presiones para “arreglen aquí, saquen allá”?
-Jamás, Y yo, que era la parte operativa, tampoco recibí nada. El día que nosotros nos dejemos presionar por una llamada de alguien estaremos siendo traidores a la patria. Yo tengo que hacer el trabajo que me toca, así como el juez debe dictar sentencia, el periodista debe ser objetivo y buscar la verdad. Si me dejara presionar para no hacer lo que tengo que hacer, sería como una deslealtad a los principios que hemos sostenido durante tanto tiempo.
¿Antes o ahora?
-Se ha insistido, por parte de la oposición, en que hay más corrupción en la Quinta República que en la Cuarta. ¿Cuál es su opinión?
-Que eso es falso. Expedientes hay. Si van a la página web de la Contraloría verán que hay más de 800 funcionarios inhabilitados para desempeñar cargos publicos; es una sanción de tipo administrativo que pretende atacar los problemas de corrupción y debilidades en la gerencia pública. Aunque de verdad la inhabilitación no es la sanción, y eso es algo que debemos poner de manifiesto. Qué daño le ha hecho la sanción publicitaria de ciertos políticos a las sanciones impuestas por la Contraloría. Los órganos de control fiscal imponen una sanción moral, que es la declaratoria de responsabilidad administrativa y que te sigue toda la vida. Esa sanción moral es perpetua; te dice ‘usted no protegió el patrimonio público’.
-¿Esos 800 funcionarios son de todas las toldas políticas?
-De todas las toldas políticas. Mayoritariamente del partido de gobierno, por simple lógica: tiene más alcaldías, más gobernaciones y más entes descentralizados. Es más numeroso el funcionariado vinculado con la gestión de gobierno. Antes de nosotros llegar acá, esa sanción no la aplicaban, aunque estaba en la ley de la Contraloría.
-¿Por qué no se aplicaba?
-Porque era potestativo. La ley decía “el contralor podrá inhabilitar”, y los que pasaron por aquí nunca “pudieron”.
El caso López
-¿Se ha usado la inhabilitación como una forma de retaliación política? Es lo que denuncia el exalcalde Leopoldo López.
-Es falso. Jamás ha sido usada como una retaliación política, y no puede ser usada como retaliación política porque deriva de un trabajo técnico, de un proceso de auditoría, de un procedimiento de potestad investigativa y de un procedimiento para declararte la responsabilidad. Esa etapa dura casi dos años.
-López lo llama inhabilitación política. ¿Es correcto?
-Él sabe que eso es falso. Esa es inhabilitación administrativa. Él sabe que no es una inhabilitación política, porque si lo fuese, no hubiese podido contraer matrimonio sin pedirle permiso a nadie, constituir partidos políticos ni ejercer el derecho al sufragio. Todo eso lo ha hecho. Él ejerce políticamente sus actividades; lo único que no puede es desempeñar cargos públicos.
-Hay presión internacional para que haya un pronunciamiento a su favor. ¿Esto cambiaría el planteamiento de la Contraloría?
-Yo creo en las instituciones. Sé que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene el caso, pero me parece imposible que decida a favor de Leopoldo López, porque los auditores de Estado hablamos con las pruebas en la mano, y esos magistrados tienen que valorar todos los recaudos que presentamos. El señor no está inhabilitado políticamente. Él ejerce sus derechos como cualquier ciudadano desde el punto de vista político; lo único que tiene es una limitación para ejercer cargos públicos. Yo confío en las instituciones. No sé que va a decidir la Corte, pero creo que le va a ser muy difícil decidir a favor de Leopoldo López.
-Pero la decisión es muy conveniente porque lo deja fuera de las elecciones presidenciales.
-Lo deja fuera porque él fue beneficiario de una sentencia del TSJ que dijo que los funcionarios de elección popular, cuando resultaban inhabilitados por la contraloría, debían concluir el periodo para el cual fueron electos. Esta es una sentencia que no compartimos, pero acatamos. Estamos obligados a acatarlo, pero nos parece absurdo porque se convierte en impunidad.
-La decisión de la Contraloría es que debe retirarse en el acto.-Como acto administrativo, esa inhabilitación es de ejecución inmediata.
-¿Hay otros casos así?
-Sí. No es sólo el de Leopoldo López. Está el caso de los alcaldes de Tucupita y Pedernales (Delta Amacuro). Nosotros aspiramos a que el Tribunal Supremo de Justicia revise esa decisión. Todavía no ha habido pronunciamiento pero estamos solicitando esa revisión, porque raya en la impunidad.
Incluso, “nosotros estamos documentando las experiencias de casos que se han beneficiado con la permanencia en el cargo después de estar inhabilitados”. La sanción de López, “por haberse mantenido en su cargo”, entró en vigencia “hace poco”.
-¿Hasta cuándo está inhabilitado?
-Hasta el año 2014.
-¿Hay otras inhabilitaciones en proceso?
-Sí. Esto no se detiene. No es un proceso extraordinario. Es nuestro trabajo, y tienen que continuar los procesos sancionatorios porque todos los órganos de control están todos los días haciendo su trabajo, declarando responsabilidad administrativa, haciendo auditoría.
“No estamos escondiendo”
A juicio de González, un factor en particular ha ayudado a disminuir la corrupción: la contraloría social. “Los ciudadanos, en estos años de este proceso, han aprendido a perder el miedo a reclamar, y ejercen contraloría social”, refirió. “La contraloría social está actuando como freno”.
Sin embargo, sostiene que falta trabajo con alcaldes, gobernadores, fundaciones y ministerios, para que informen a la ciudadanía qué recibieron como presupuesto y cómo lo están gastando.
-¿Está la Contraloría tapando escándalos?
-No. No estamos escondiendo. Sólo estamos haciendo un trabajo serio y responsable, porque por primera vez, en los 72 años que tiene la Contraloría, el informe del contralor no es confidencial y secreto. Ahora lo tiene cualquier ciudadano que puede entrar a la página web, ver donde auditamos, qué hicimos, qué detectamos. Incluso, nos atribuimos sin arrogancia ese privilegio de educar a los comunicadores sociales para que aprendieran a acudir a la Gaceta Oficial como fuente de información.”Ese es un periodiquito muy serio”, decía Clodosbaldo. Ahí dice qué hizo fulano, cómo lo probamos, qué alegó en su defensa. El que quiera saber qué hizo Leopoldo López puede buscarlo en la Gaceta.
Esfuerzo con empresarios
Al preguntarle a González cuáles son, en su opinión, los problemas en la gestión pública, responde sin titubear: “Hay muchísimas debilidades en la parte de contrataciones”. La ventaja es que, ahora, “existe la responsabilidad de los miembros de la Comisión de Licitaciones. Antes se lavaban las manos, ocurría cualquier desastre y no respondían”.
La contralora señala, también, las fallas en la exigencia de garantías, que pueden ser insuficientes. Y acota un comentario para la reflexión: “No hay corrupto sin corruptor”. Está convencida de que la corrupción es competencia desleal.
La Contraloría iniciará un trabajo para incorporar al sector privado, al empresariado, en la lucha contra la corrupción. “¿Con quién contrata el sector público? Con el sector privado. ¿A quiénes sobornan? A los empresarios que quieren realizar negocios con el Estado”.
-¿Qué trabajo quieren hacer?
-Vamos a sentarnos con los empresarios de todos los sectores. La lucha contra la corrupción nos compromete a todos. Que el sector privado haga su propio diagnóstico de las áreas más sensibles desde el punto de vista de riesgos de corrupción. Sé que hay un problema grande con todo lo que se refiere a solvencias falsas. Se han atrevido a traer solvencias falsas a la Contraloría. Hemos llegado a anular procesos porque llegan cuatro o cinco empresas, y tres tienen solvencias falsas del Seguro Social, del Ministerio del Trabajo.
-¿Será un trabajo de concienciación?
-Así es. Vamos a hacer, antes de que finalice este año, nuestra primera propuesta. Vamos a incorporar al empresariado venezolano, a la gente que le duele el país y que cumple con todo su proceso.
Avanzar años luz
El sistema nacional de control está integrado por la Contraloría General de la República; las contralorías de los estados y municipios y las unidades de auditoría interna. “Gozan de su autonomía, pero la rectoría es de la Contraloría”, puntualizó.
Antes, recordó, los contralores eran designados “por la Asamblea Legislativa del Estado”, y en función de los votos de los partidos políticos y del amiguismo. “Ahora la selección es por concurso. Estamos privilegiando la capacidad técnica y la preparación por encima del amiguismo”, subrayó. Los concursos son transparentes, con un baremo al alcance de todo el mundo. “Ese es un avance significativo”, ya que permite objetividad.
-¿Qué fallas han detectado en el sistema de control?
-Que había que fortalecerlo, y que hay que seguir insistiendo ante las máximas autoridades en que las unidades de auditoría interna y las contralorías deben contar con los recursos que les permitan realizar su trabajo.
“Son contadas las excepciones en las que los gobernadores dicen ‘ayúdenme”, admitió.
González considera que en la medida en que la estructura de control del Estado funcione, y las máximas autoridades entiendan que el control es una ayuda y que un contralor o un auditor están allí para corregir las deficiencias de un organismo o institución, “la gerencia pública venezolana habrá avanzado años luz”.
“Si la Asamblea me desiga, yo lo asumo”
-¿Si la Asamblea Nacional la designa como contralora?
-Si la Asamblea me designa yo lo asumo. Siempre hemos dicho que trabajamos para la República Bolivariana de Venezuela, y que la patria nos reconocerá cualquier esfuerzo. Toda la vida he estado al servicio de la República, y no es en este momento cuando le voy a decir que no puedo servirla. Como decía el poeta Andrés Eloy: Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla.
-¿Estaría dispuesta a asumir?
-Sí. Si es necesario, si me necesitan, si está planteado así desde el punto de vista institucional, yo no me siento con fuerzas para decir “no, busquen a otro”.
-¿Qué cosas hizo Clodosbaldo Russián que usted quisiera continuar?
-Esta es la continuidad de esa gestión. Nuestro plan operativo, nuestros planes estratégicos continúan. Continuamos llevándolos adelante tal cual, porque es la misma gestión, y las metas que nos hemos fijado son la estrategia de consolidar el sistema nacional de control, el mandato constitucional al que le hemos ido dando vida con la integración de contralorías estadales y municipales.
Denuncias políticas y sin base
-¿Hay una investigación abierta contra el Presidente de la República?
-No. En la oficina de atención al ciudadano recibimos denuncias políticas contra los distintos organismos públicos, pero no sustentadas. Son más de tipo político. Hay que recordar, además, que la gerencia tiene niveles de desagregación. Yo puedo ser ministra, pero no soy responsable de haber pagado una obra que no se construyó o que está a medias.
Adelina González confirma que existen muchas denuncias sin base. “Hay personas que llegan sólo con el recorte del periódico”, subraya. La denuncia contra el dirigente revolucionario Aristóbulo Istúriz porque presuntamente tiene un yate también fue llevada ante la Contraloría, aun cuando carece de sustento.
Por Vanessa Davies
Correo del Orinoco
