(AFP) – La defensa del derrocado presidente egipcio, Hosni Mubarak,
acusó al ejército de la muerte de manifestantes durante la revuelta de
2011, y exoneró de toda responsabilidad al exhombre fuerte de Egipto,
contra el que la fiscalía pidió la pena de muerte.
Su abogado, Farid el Dib, sostuvo que su cliente y otros siete coacusados -el
exministro del Interior Habib el Adli y otros seis ex responsables de la
seguridad- no podían ser acusados de la violencia ejercida a partir del
28 de enero de 2011, tres días después del inicio de la revuelta contra
Mubarak.
Ese día, recordó el abogado, Mubarak decidió recurrir al ejército para
mantener el orden e imponer el toque de queda. Según él, las personas muertas y
heridas lo fueron después de que el ejército empezara a encargarse de la
seguridad.
“En consecuencia, no es lógico decir que la policía ordenó la muerte de
manifestantes. No tenía autoridad para hacerlo, porque esa autoridad había sido
transferida al ejército”, declaró.
Las informaciones de entonces revelan no obstante que hubo muertos y heridos
en varios puntos de Egipto antes del 28 de enero.
En un comunicado difundido en la televisión, el presidente Mubarak pidió ese
día al ejército que actuara “en cooperación con la policía” para “mantener la
seguridad”.
Los militantes anti-Mubarak y los abogados de las familias de las víctimas
afirman que la violencia fue cometida por la policía y por
esbirros enviados por el poder contra los manifestantes.
Los fiscales dijeron también que Mubarak dio órdenes en ese sentido, o al
menos no podía ignorar la violencia cometida por su policía.
Unas 850 personas murieron durante el alzamiento popular de enero y febrero
de 2011, según cifras oficiales. Acosado por la calle, Mubarak se vio obligado a
dimitir el 11 de febrero.
