El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, recibió una boleta de liberación. El Tribunal Sexto de Juicio, a cargo de la jueza Magda Hidalgo, dictó una sentencia de 7 años, 6 meses, 22 días y 12 horas de prisión en su contra el pasado lunes.
El sindicalista informó que estará en libertad bajo medida de presentación cada 15 días pero aclaró que no está conforme con la medida porque no le notificaron qué ocurrirá con la sentencia de 7 años. Señaló que él no cometió ningún delito y sólo defendió el derecho de los trabajadores.
“Es una felicidad para toda nuestra gente”, dijo, y dio su agradecimiento a las fuerzas laborales y los compañeros que lo han apoyado. En sus primeras declaraciones indicó que en Venezuela los actores políticos deben sentarse a conversar para ver “cómo nos ponemos de acuerdo para discutir cuales son los trabajos y beneficios de los trabajadores”.
González agradeció a diversos sectores, entre los que incluyó a oficialistas ya la UNTE, y enfatizó que puede haber diferencias ideológicas, pero un fin común: defender los intereses de los trabajadores.
Refirió que quienes lo acusaron de delincuente y saboteador meses atrás, ahora están buscando la manera de que les paguen las deudas.
Aseguró que seguirá con la lucha porque se adeudan cosas que se firmaron y pide que haya seriedad y se discuta con los trabajadores.
José Boda, dirigente sindical, aseguró que la liberación de González “es una gran victoria de los trabajadores Venezuela”.
"La presión de los trabajadores y la fuerza moral de los trabajadores, que se ha venido haciendo desde que se dictó la setencia aquí en Guayana, está dando frutos", aseguró el diputado Andrés Velásquez a las afueras de Patrulleros del Caroní, donde se encuentra detenido González. Dio a conocer que realizarán una manifestación en próximo 11 de marzo.
El dirigente fue condenado por los delitos de agavillamiento, restricción del derecho al trabajo, cierre de vías, instigación a delinquir y violación de las zonas de seguridad tras encabezar una protesta que paralizó durante 16 días las operaciones de la sede de Ferrominera en Ciudad Piar, para exigir la discusión del contrato colectivo.
Familiares y amigos recibieron a las afueras de Patrulleros del Caroní a González, sitio donde estuvo 17 meses detenido. Luego se trasladarán a Ciudad Piar.
El alcalde metropolitano Antonio Ledezma dijo que la medida era un exabrupto y una evidencia de la manipulación de los tribunales para condenar a inocentes.
Declaró que González es un trabajador que simplemente ejerció su derecho a la huelga y que el gobierno tiene que entender que no puede seguirse violentando el estado de derecho.
El diputado Richard Blanco refirió que el gobierno tiene una sala situacional y era irregular aplicarle al sindicalista ocho años de cárcel por no cometer ningún delito.
Blanco espera que también sean liberados los 28 denominados presos políticos que están tras las rejas.
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