La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, espera que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) respete la decisión de los organismos del Estado venezolano sobre las inhabilitaciones de ex funcionarios políticos que estuvieron involucrados en el manejo irregular de recursos del país mientras ejercían funciones administrativas.
Explicó que las medidas de inhabilitaciones son tomadas para defender a los venezolanos de funcionarios corruptos, que utilizan los recursos del pueblo para otros fines.
Ramírez ofreció dichas declaraciones este jueves a su salida de un conversatorio realizado en la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en la Plaza Morelos, en Caracas, actividad que estuvo a cargo del Contralor General de la República, Clodosvaldo Russián.
"Nosotros en la Defensoría del Pueblo tenemos que ponernos del lado del pueblo que quiere gobernantes transparentes. Esperamos que la decisión de la Corte respete nuestra jurisdicción interna y entienda que nuestro país ha hecho grandes esfuerzos por lograr una mejor administración y una transparencia en el manejo de los recursos públicos, por eso esperamos que la CIDH tome una decisión correcta", señaló Ramírez.
Aseguró que las inhabilitaciones no implican que las personas que se les aplique la medida no puedan militar en un partido, hacer uso de su ejercicio del derecho al voto o tener cargos de responsabilidad política a lo interno de sus organizaciones.
La defensora indicó que "tenemos la expectativa como Estado, que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) pondere con su decisión un problema que ha traído un gran empobrecimiento que es el fenómeno de la corrupción".
De acuerdo con la Contraloría, cuando López se desempeñaba como analista de entorno nacional en la Oficina del Economista Jefe de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la organización Primero Justicia obtuvo una donación a través de su madre, Antonieta Mendoza de López, quien entonces ocupaba el cargo de gerente de Asuntos Públicos de la División de Servicios de Pdvsa Petróleo y Gas.
Esta donación contravino las Normas Sobre Conflicto de Interés, ya que "existe un conflicto de interés de Pdvsa y el de un empleado o grupo de sus trabajadores, cuando en una decisión, acto o contrato de la Empresa el trabajador o los trabajadores que tomen parte o influyen en tal decisión, acto o contrato se benefician en lo personal o favorecen a sus familiares inmediatos".
Por este motivo, el activista conservador fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por un período de tres años, que comenzó a cumplir a partir de noviembre de 2008.
Posteriormente, fue sancionado de nuevo por la Contraloría por el desvío de recursos que fueron destinados al pago de bomberos, maestros y policías y a gastos de alumbrado público durante su gestión como mandatario municipal.
Este miércoles finalizó la audiencia de Leopoldo López, exalcalde del municipio Chacao del estado Miranda, en Costa Rica, adonde acudió para que la CIDH se pronuncie en contra de la decisión de inhabilitación que se le impuso por manejo doloso de recursos del Estado.
(VTV/AVN)
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