La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, expresó que espera una actitud acorde con el problema de la corrupción por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que sea orientadora para las democracias del continente en el caso de Leopoldo López.
Indicó que la Corte tiene una oportunidad y que cuando los funcionarios públicos desvirtúan el uso de recursos deben ser sancionados.
Explicó que López no fue a juicio porque la sanción fue de naturaleza administrativa y se le privó de ejercer cargos públicos.
Ramírez cree que debe sentarse un precedente contra uno de los fenómenos que han generado más pobreza como es la corrupción.
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