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martes, 15 de mayo de 2012

Proponen reactivar la cárcel de El Junquito para combatir el hacinamiento de La Planta


 Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, aseguró que la organización que dirige tiene varias propuestas para solucionar la crisis que se ha presentado, desde hace ya 18 días, en el Centro de Reeducación Artesanal, mejor conocido como La Planta.
Afirmó que este tipo de situaciones no solo se pueden presentar en La Planta o en El Rodeo, sino en cualquier centro penitenciario en el país.
Sostuvo que ha pesar que se aseveró que se frustró un intento de fuga, aún no han sido presentados al país los supuestos evadidos recapturados.
“La población reclusa de Distrito Capital es una de las más alta que hay en Venezuela. Actualmente, unas 7.000 personas están siendo procesadas en el Circuito Judicial de Caracas”, sentenció.
Explicó que este Circuito, es el organismo que más personal tiene en su Corte de Apelación y enTribunales de Control, de Juicio y de Ejecusión.
“Primero implosionan el retén de Catia y le quitan un espacio a los privados de libertad, porque supuestamente ese recinto era un mal ejemplo. Luego, cierran el de El junquito y nada más queda La Planta, que es donde aterrizan los presos de Caracas y de Vargas porque en ese estado no hay establecimiento penitenciario”, precisó.

La Planta era inicialmente un retén policial

Humberto Prado recordó que La Planta ha estado en El Paraíso desde 1.941 cuando era un retén policial. Posteriormente, albergó a los privados de libertad que fueron ingresados al lugar por la Ley de Vagos y Maleantes y finalmente, se convirtió en lo que es ahora.
Resaltó que esta cárcel poseía buenas instalaciones para acoger al menos a 350 presos: tenía 3 pabellones, una enfermería, un área de teatro, entre otras secciones.
En tal sentido, el director de la OVP se preguntó: “¿ha dónde van a llevar a todos esos presos luego que cierren La Planta?, ¿a Yare , al El Rodeo?”.

Proponen crear un Comité de Derechos Humanos para la Paz

Ante el conflicto, el OVP propuso la creación de un Comité de Derechos Humanos para la Paz, donde se reunirían de manera organizada y programada para analizar identificar los problemas que demanden pronta solución, elaborar informes precisos sobre las conclusiones, y hacer sugerencias constructivas en materia de derechos humanos a las autoridades del centro de reclusión.
La idea es que estos Comités estén conformados por: un representante del centro de reclusión, el director del centro penitenciario, dos representantes de los familiares, el presidente del Circuito Judicial Penal, un delegado del Ministerio Público, un miembro de la Defensoría del Pueblo con competencia penitenciaria, estudiantes de las universidades, voceros de las iglesias, el Comandante del Destacamento de la Guardia Nacional que resguarda la cárcel, entre otros dirigentes.

Penales más violentos en lo que va de 2012

Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra): Hubo 14 muertos y 8 heridos.
Centro Penitenciario de la Región Oriental (La Pica): Hubo 11 de muertos y 13 heridos.
Centro Penitenciario de Occidente (Santa Ana): Hubo 10 muertos.
Internado Judicial de Barinas (Injuba): Hubo 9 muertos y 1 herido.

El Presidente habría ordenado la activación del Internado Judicial de El Junquito

En un punto de cuenta firmado por el presidente de la República, Hugo Chávez, se aprobó la activación del Internado Judicial El Junquito para albergar a los detenidos de la zona y del estado Vargas.
Prado consideró que si esto llegase a ocurrir, pudiera disminuirse el hacinamiento que existe actualmente en La Planta. “Vengo llegando de Canadá de visitar la cárcel de Oslo. En ese país,las personas que cometen un delito menor son vigilados, a través de un monitoreo digital, mediante un brazalete que les colocan y que les permiten que estén en su casa”.
Enfatizó que esa técnica, serviría también para disminuir el hacinamiento que actualmente existe en los recintos penitenciarios del país.
A su juicio, la Guardia Nacional posee la mayor responsabilidad de lo que ocurre en los penales ya que, son los encargados de la seguridad externa de los recintos penitenciarios.
Finalmente, Prado reseñó que le entregaron el pasado 9 de mayo a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela; al presidente de la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario de la AN, Andrés Eloy Méndez; a la defensora del Pueblo, María Gabriela Ramírez, y a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; un expediente donde contienen todos las propuestas antes mencionados y hasta la fecha, no han obtenido respuesta.

Por: Lexis Gandica/ Noticias24