Con una mirada cansada, la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, bajo arresto
domiciliario, asiente con la cabeza cuando su hermano se dice esperanzado en que
el presidente Hugo Chávez ceda en este año electoral a la presión internacional,
incluyendo la de su admirado Noam Chomsky, y ponga fin a su detención de dos
años, "arbitraria" según la ONU.
"Si el presidente tiene pensado
soltarla, lo hará ahorita en 2012 por una cuestión electoral", dice Nelson
Afiuni en nombre de la jueza, sentada a su lado vestida con ropa holgada y
zapatillas y sin autorización para declarar a la prensa en su apartamento de
Caracas, custodiado por turnos por 16 militares
La detención de Afiuni "ha tenido un coste político" para Hugo Chávez y "la
presión internacional se puso ahora muy fuerte", prosigue el hermano, con la
mente puesta en las elecciones presidenciales del 7 de octubre en las que el
mandatario, en el poder desde 1999, aspira a ser reelegido.
Afiuni, de 48
años, acaba de cumplir dos años de detención por haber puesto en libertad
condicional a un banquero acusado de corrupción, una decisión por la que fue
imputada por ese mismo y otros cargos y por la que Chávez exigió públicamente la
pena máxima en Venezuela, es decir, 30 años.
El caso traspasó las
fronteras venezolanas y ahora, cuando la justicia le acaba de prorrogar dos años
más su detención, a la espera de que culmine el juicio, la ONU pidió de nuevo el
fin de su arresto "arbitrario" que cuestiona la "independencia" del sistema
judicial venezolano.
También Noam Chomsky solicitó en dos ocasiones al
presidente su liberación.
El intelectual estadounidense fue protagonista
de un momento muy recordado de Chávez, cuando el presidente venezolano subió en
2006 a la tribuna de la ONU esgrimiendo su obra "Hegemonía o Supervivencia: El
dominio mundial de los Estados Unidos" al tiempo que calificaba de diablo al
presidente estadounidense George W.Bush.
Afiuni está acusada de
corrupción, abuso de poder y de favorecer una evasión - el banquero Eligio
Cedeño se fue a Estados Unidos durante su cautelar -, pero la fiscalía no halló
pruebas de esos cargos cuando fue imputada por un tribunal, recuerda su
defensa.
En su cuenta en la red social Twitter, seguida por más de 85.000
venezolanos y extranjeros, se presenta como "jueza secuestrada por orden de
Chávez" y ha admitido desconocer los motivos por los que el mandatario se
interesó en el caso Cedeño, pese a todo tipo de especulaciones que circulan en
el país.
En su apartamento caraqueño, Afiuni vive con sus padres y su
hija de 19 años, tras abandonar por motivos de salud a principios de 2011 la
cárcel para mujeres en la que pasó más de un año y cuyos recuerdos la hacen
estremecer.
"Mi hermana no salía de la celda porque había mujeres a las
que había condenado que la amenazaban y le decían que con su sangre iban a
coletear (fregar) todo el penal", recuerda Nelson, que la visitaba cada semana
hasta que fue sometida a una histerectomía de urgencia y se trasladó a su
apartamento, del que sólo puede salir una vez cada quince días para presentarse
al tribunal.
Nelson recuerda el día en que la detuvieron: "Aquello fue un
desastre: se llevaron preso a todo el tribunal y a medianoche los soltaron a
todos menos a mi hermana y a los dos alguaciles que tenían a Cedeño bajo su
custodia" dice.
"Claramente fue una detención política y éste es el caso
en el mundo que se demostró más rápidamente", porque Chávez pidió públicamente
la pena máxima de 30 años al día siguiente, estima, pese a que el presidente
asegura que el poder judicial actuó de forma "absolutamente autónoma" en nombre
de la "lucha contra la corrupción".
Pero, para el abogado de Afiuni, José
Amalio Graterol, con su detención "se criminalizó la actividad judicial en
Venezuela, donde no hay separación de poderes", dice, añadiendo que Chávez es el
"único que puede dar la orden para su libertad".
Graterol, quien acusa a
los jueces Alí Paredes y al que lo reemplazará próximamente en el juicio,
Robinson Vásquez, de estar "parcializados políticamente", asegura que Afiuni
seguirá sin presentarse a las audiencias mientras no se den las garantías
reclamadas.
"Exigimos un juez no parcializado, un juicio público, con
escabinos y al que se permita la entrada de medios de comunicación", enumeró el
abogado.
Mientras, Afiuni, que no ha sido destituida de sus funciones,
como subraya su hermano, hace yoga, cursos de inglés y mantiene una intensa
actividad en Twitter para evitar "arañar las paredes", explica su madre,
Elina.
Elina asegura que todavía "no se ha acostumbrado" a vivir rodeada
de militares, echando de menos la "falta de privacidad", si bien lo que más le
preocupa es la salud de su hija.
"Tiene varios problemas, quistes en el
seno y en la axila" pero no puede acudir al médico "porque dicen que no es
cáncer". "Ni siquiera puede salir a llevar sol (tomar el aire), a ejercitarse...
sigue la tortura", se lamenta su madre.
